Se acusa a la jueza Marta Pascual de ser una "jueza política" y "militante" de la línea de Zaffaroni y Axel López, argumentando que su decisión de suspender la ley penal juvenil en Buenos Aires es una maniobra política.
Se menciona su pasado como ministra de Eduardo Dualde y su rol en el Consejo Provincial del Menor, sugiriendo que su ideología la lleva a proteger a los delincuentes en lugar de a las víctimas.
Se critica su rol como jueza, indicando que debería estar en otro ámbito y no impartiendo justicia, ya que su enfoque está en la resocialización y no en el cumplimiento de la ley penal.