Ciudadanos expresaron su preocupación y temor ante la suspensión de la ley de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, considerando que la medida deja a la población desprotegida frente a la delincuencia juvenil.
Los entrevistados cuestionaron la lógica de la suspensión, argumentando que los plazos para mejorar la infraestructura de los centros de detención son irreales. Sostienen que la justicia debería priorizar la protección de los ciudadanos de bien sobre la de los delincuentes y que la baja de la edad de imputación, si bien puede ser debatible, tenía como objetivo proteger a la sociedad.
Señalaron que la situación actual, con menores cometiendo delitos graves y volviendo a casa, genera un ciclo de inseguridad y desconfianza en el sistema judicial.