Colombia ha anunciado la suspensión general para el porte de armas, una medida que estaba vigente desde 2015 y que el actual gobierno de Gustavo Petro busca modificar.
La medida, que podría beneficiar a 700.000 personas, flexibiliza los requisitos para obtener permisos de porte de armas, eliminando la necesidad de autorizaciones excepcionales. Críticos advierten que esta decisión podría aumentar la inseguridad, mientras que el gobierno argumenta que se busca facilitar el acceso a armas a ciudadanos que cumplen la ley, en contraste con el mercado ilegal.