Se compara la actuación de la jueza que suspendió la ley penal juvenil con la del exjuez Gallardo, quien anulaba medidas durante el gobierno de Macri. Se sugiere que la jueza Pascual podría estar actuando por motivaciones políticas más que técnicas, optando por una suspensión directa de la ley en lugar de emplazar al Poder Ejecutivo provincial.
Se plantea que la decisión de la jueza se asemeja a una sentencia de la Corte Suprema, cuando debería haber sido un planteo de inconstitucionalidad. La suspensión de 60 días es vista como una forma de generar impunidad y subestimar a la sociedad, violando la separación de poderes.