Se critica la concepción de la jueza Marta Pascual sobre su rol, argumentando que su función es aplicar las leyes sancionadas por el Congreso y la legislatura provincial, no interpretarlas o modificarlas a su criterio.
Se cuestiona su enfoque en la "justicia restaurativa" para jóvenes delincuentes, sugiriendo que debería priorizar la seguridad de la sociedad y aplicar las penas correspondientes. Se enfatiza que su deber es impartir justicia según la ley, no según sus preferencias personales.