Se critica la intención de iniciar un juicio político contra la jueza, calificándola como una medida autoritaria, especialmente viniendo del oficialismo.
Se señala que si no se está de acuerdo con un fallo, el camino correcto es apelar, no atacar a la persona que lo emitió. Se menciona que funcionarios nacionales han salido a defender la iniciativa del juicio político.