Se cuestiona la facultad de un juez para dictar una suspensión o un amparo contra una ley sancionada por el Congreso. Se argumenta que la jueza no debería justificar la inoperancia del Estado a través de la impunidad, y que el dolor de una madre que pierde a su hijo no puede ser menos importante que el de un menor mal detenido.
Se critica la tendencia a buscar una "igualdad de resultados" en lugar de centrarse en la justicia y la aplicación de la ley. La intervención judicial en la aplicación de leyes aprobadas democráticamente genera debate sobre los límites del poder judicial y la protección de los derechos de las víctimas.