La discusión se intensifica en torno a la jueza Marta Pascual, criticada por supuestamente favorecer a delincuentes y dictar penas leves. Se relata un caso específico de un menor condenado a 25 años por abuso y homicidio de su hija, donde la jueza habría expresado que la pena era excesiva y que el encierro no cambia a los jóvenes.
Se cuestiona la postura garantista de la jueza, tildada de "abolicionista" y peligrosa por algunos panelistas, quienes argumentan que su enfoque minimiza la gravedad de los delitos y desprotege a las víctimas. Se mencionan posibles "padrinos políticos" que la protegerían, citando a figuras como Duhalde.