Se critica la noción de un "estado ausente" promovida por el presidente, argumentando que la seguridad y la justicia son responsabilidades ineludibles del Estado, independientemente de la voluntad popular expresada en las urnas.
Se cuestiona la falta de acción de los fiscales y la policía, sugiriendo que su inoperancia roza la anarquía. Se plantea la necesidad de exponer a los funcionarios que no cumplen con sus deberes, como el fiscal a cargo de la causa Elías.