Se debate si el robo de un teléfono a un trabajador debe ser considerado un delito grave, similar a otros casos. Se cuestiona la postura de la jueza Marta Pascual, quien parece diferenciar tipos de delitos y se preocupa por la "calidad" de los presos en lugar de aplicar la ley.
Se argumenta que la jueza debe basar sus sentencias en los hechos y las leyes, no en consideraciones sobre la población carcelaria o sus preferencias personales. Se la insta a aplicar la ley sin distinciones.