Se debate si la jueza Marta Pascual es "garantista" de los delincuentes en lugar de ser garantista de los derechos de las víctimas y de la Constitución.
Se critica su enfoque en la resocialización de los menores infractores, argumentando que esa no es su función como jueza y que debería centrarse en impartir justicia.
Se señala que su postura de "garantista protodelincuencial" la lleva a tomar decisiones que favorecen a los delincuentes, como facilitarles teléfonos en la cárcel, lo que contradice el objetivo de la justicia.