Gustavo critica la postura de la jueza Marta Pascual, quien aboga por penas más leves y alternativas al encierro para jóvenes delincuentes. Señala que si los institutos de menores no funcionan como alternativa real, tampoco lo hacían antes, y que la jueza podría haber exigido al Estado Provincial su correcto funcionamiento a través de una presentación.
Se propone llamar a la jueza para expresarle la opinión ciudadana sobre su criterio de aplicar penas leves a delincuentes graves. Se cuestiona su enfoque en la justicia restaurativa y la falta de acción para mejorar las condiciones de los institutos de menores, sugiriendo que su inacción la convierte en una "cara dura".