Se cuestiona la suspensión de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, argumentando que la ley actual, con reformas de hace más de 40 años, es obsoleta. A pesar de las imperfecciones de la nueva ley, se considera una mejora significativa respecto a la anterior.
La medida cautelar de la jueza Pajual es vista como un obstáculo para la implementación de un sistema más moderno y efectivo en la lucha contra la delincuencia juvenil. Se enfatiza la necesidad de debatir y ajustar la ley, pero no de suspenderla por completo.