La suspensión de la ley penal juvenil por parte de la jueza Marta Elba Pascual ha generado controversia respecto a la actuación de la provincia de Buenos Aires. Mientras algunos sostienen que la jueza no debió suspender la ley y debió emplazar al Poder Ejecutivo provincial, otros defienden su postura argumentando la falta de recursos y condiciones adecuadas para alojar a los menores infractores.
El Ministro de Seguridad bonaerense, Alonso, expresó sorpresa ante la medida, aunque reconoció que la provincia no ha recibido fondos para cárceles y sistemas de contención. La jueza, por su parte, argumenta que la suspensión se debe a la inoperancia del Estado provincial y la falta de recursos, lo que podría generar impunidad.