Se debate un posible juicio político contra la jueza Pascual, quien otorgó una medida cautelar para suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. La jueza argumenta que la estructura provincial no está preparada para implementar la reforma, solicitando tiempo para adecuar las medidas necesarias.
La medida judicial generó controversia, especialmente entre políticos como Diego Santilli y el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso. Mientras algunos critican la suspensión y exigen que las autoridades se enfoquen en resolver problemas de seguridad, otros defienden la necesidad de adecuar la infraestructura y los equipos interdisciplinarios antes de aplicar la nueva ley.
La jueza de Lomas de Zamora señala que la provincia carece de la estructura necesaria, no solo en instituciones sino también en equipos interdisciplinarios para evaluar a los menores infractores. La entrada en vigencia de la ley, prevista para el 5 de septiembre, se ve ahora demorada por esta decisión judicial, que otorga 60 días para una revisión del sistema.