Una ONG presentó una denuncia penal contra una jueza de la provincia de Buenos Aires por usurpación de funciones y abuso de autoridad. La magistrada suspendió la aplicación de la nueva ley penal juvenil, generando controversia y preguntas sobre su continuidad.
La demanda busca que se tenga en cuenta la perspectiva de las víctimas de delitos en la aplicación de la ley.