La jueza Marta Elba Pascual, que suspendió el régimen penal juvenil, fue denunciada penalmente por usurpación funcional y abuso de autoridad.
La organización "Usina de Justicia" presentó la denuncia argumentando que la magistrada frenó la ley, vigente desde el sábado anterior, por un período de 60 días, violando la división de poderes.