Se presentaron dos pedidos de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días. Los pedidos fueron presentados por el diputado Sebastián Pareja y el ex juez Alfredo Droqui, y se argumenta que la jueza se extralimitó en sus funciones jurisdiccionales.
La resolución de la jueza generó controversia, ya que el gobierno provincial argumenta que tuvo seis meses para adecuar la infraestructura necesaria y no lo hizo, mientras que la defensa de la jueza sostiene que la medida busca proteger los derechos de los menores.