Se exige a la jueza Marta Pascual que cumpla con su deber de aplicar las leyes sancionadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin intentar modificarlas o ignorarlas según su criterio personal. Se le recuerda que juró defender la Constitución.
Se le advierte que si no está de acuerdo con las leyes, tiene la opción de renunciar a su cargo. Se enfatiza que su función es impartir justicia y no actuar como legisladora o defensora de delincuentes, sino garantizar la tranquilidad de la sociedad.