Se analiza el fallo de la jueza que suspende la aplicación de la ley penal juvenil, calificándolo como una pausa de 60 días para buscar una solución.
Se aclara que no se trata de una suspensión definitiva, sino de un plazo para que los actores involucrados realicen un diagnóstico y propongan acciones para resolver la cuestión, especialmente en la provincia de Buenos Aires.