Se discute la capacidad de alojamiento para menores infractores en la provincia de Buenos Aires, indicando que las instalaciones actuales tienen lugar para menos de 700 chicos, mientras que con la ampliación de la edad de imputabilidad se necesitarían 3.000.
Se aclara que la ley penal juvenil contempla penas alternativas a la prisión, por lo que no todos los casos requerirán alojamiento en dispositivos de privación de la libertad. Se cuestiona la cifra de 3.000 como un cálculo que no tiene en cuenta estas alternativas.