El Gobierno argentino, a través del canciller Quirno y el procurador del Tesoro Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra los intervinientes en el proyecto Ocean Lion. La denuncia busca investigar a las empresas, personas jurídicas y accionistas involucrados en la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización estatal.
Esta acción se enmarca en el contexto del endurecimiento de la postura argentina sobre las Islas Malvinas y las actividades de exploración en la zona. La política nacional se encuentra concentrada en las consecuencias del reciente anuncio de Javier Milei, donde se analizaron las repercusiones internacionales y las respuestas ante este proyecto.
Se destaca la presentación de proyectos en la Cámara de Diputados que buscan endurecer las sanciones y aumentar la capacidad operativa para aplicarlas. Una de las medidas mencionadas es la presentación de denuncias penales, como la realizada contra el proyecto Ocean Lion.