El gobierno nacional critica la decisión de la justicia bonaerense de suspender la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, calificándola como una postergación de una herramienta indispensable para terminar con la impunidad.
Se argumenta que esta medida, que busca garantizar que "el que las hace las paga", es necesaria ante el incremento de delitos cometidos por menores.
Sin embargo, se contrapone la opinión de la jueza María José Lescano, quien afirma que no hay un incremento significativo de delitos cometidos por menores y que la ley podría ser demagogia punitiva.