Se informó sobre la inauguración del primer complejo de abasto para menores con conflictos en la provincia de Buenos Aires, que demandó una inversión de 15 mil millones de dólares para 100 plazas adicionales. A pesar de esto, Javier Alonso criticó la falta de apoyo de la provincia a la jueza Marta Pascual.
Alonso cuestionó que la provincia no haya salido a apoyar públicamente a la jueza, a pesar de sus posturas sobre las penas a delincuentes juveniles. Sugirió que esto podría deberse a la influencia del kirchnerismo, que prefiere un discurso más duro contra la delincuencia.
El debate se centró en la necesidad de un equilibrio entre la aplicación de la ley y la consideración de las circunstancias individuales de los jóvenes infractores, así como en la importancia del apoyo institucional a las decisiones judiciales.