Se debate la efectividad de las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, contrastando la postura del ministro Alonso, quien atribuye los problemas a las redes sociales, con la realidad de la inseguridad en la calle. Se critica la falta de datos concretos y la tendencia a culpar a terceros en lugar de abordar las causas profundas del problema.
Se señala que el gobierno federal podría tener una ventaja en este debate, ya que cuenta con un discurso claro sobre la mano dura y el castigo a los delincuentes, un tema que goza de amplio consenso social. Se cuestiona la estrategia del gobierno provincial de evitar la discusión sobre la inseguridad y centrarse en otros temas como el suicidio, sin presentar un plan concreto para abordar la violencia.