Se cuestionan los privilegios de los que gozan los jueces en la provincia de Buenos Aires, como no pagar impuesto a las ganancias y contar con choferes y lugares de estacionamiento exclusivos. Se señala que, si bien la jueza Ferrari puede tener una ideología equivocada, sus palabras fracasaron en la práctica, ya que la provincia sigue siendo insegura.
Se critica la supuesta arrogancia de los jueces, quienes se creen seres superiores y no comprenden la realidad de la gente común que no tiene los mismos beneficios. Se menciona que la jueza Ferrari fue ministra de desarrollo de minoridad, pero su especialidad en derecho de familia no la habilita para actuar en un juzgado penal.