La jueza Marta Pascual, en su fallo, se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones, advirtiendo que no respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos incrementa la inseguridad y la violencia futura.
La magistrada argumenta que las condiciones de encierro determinan los niveles de violencia con los que egresan los jóvenes, y que asignar menores a lugares con condiciones precarias devuelve a la sociedad más violencia.