La jueza advierte que la implementación de la nueva ley penal juvenil, que reduce la edad de imputabilidad, podría generar un aumento en el número de adolescentes que cometan delitos y no enfrenten consecuencias penales debido a la falta de infraestructura y preparación del sistema judicial.
Señala que la ley, aunque busca adecuar Argentina a estándares internacionales, no cuenta con las estructuras necesarias para su correcta aplicación. La jueza teme que esto resulte en un aumento del delito y en la vulneración de derechos, ya que los menores podrían quedar en la calle sin ser juzgados.
Se menciona la posibilidad de que la ley tenga un impacto inmediato en las detenciones preventivas, ya que los parámetros para las mismas podrían verse alterados. Gustavo aporta datos sobre la sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, lo que agrava la situación.