La jueza justifica la suspensión de la ley penal juvenil en la falta de recursos del Estado provincial y la supuesta inoperancia para alojar a los menores. Se la acusa de asegurar impunidad bajo este argumento.
Se debate si la jueza está actuando correctamente al suspender la ley o si debería haber emplazado al Poder Ejecutivo para que cumpla con la normativa. La discusión se centra en la tensión entre la necesidad de aplicar la ley y la realidad de los recursos disponibles.