Se debate la justificación de la jueza para suspender la ley penal juvenil, centrada en la supuesta inoperancia y falta de recursos de la provincia de Buenos Aires. Se cuestiona por qué no se reclamó previamente a la provincia y se señala que la jueza está asegurando impunidad en lugar de buscar soluciones.
Se argumenta que la jueza se equivoca al suponer que todos los menores infractores irán a prisión, ya que la ley contempla penas alternativas. Se destaca que la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras, no ha adaptado su legislación a la nueva ley penal juvenil, lo que genera un conflicto de competencias.