Se denuncia que la jueza Marta Pascual, en la provincia de Buenos Aires, está actuando en contra de una ley nacional al suspender la aplicación del régimen penal juvenil.
Se señala que esta decisión va en contra de la división de poderes y que la jueza se estaría extralimitando en sus funciones al afectar una ley dictada por el Congreso Nacional.
A pesar de que la ley se votó en febrero, la jueza decide detener su aplicación en Buenos Aires, lo que ha generado repudio y pedidos de juicio político.