La jueza de menores Marta Pascual ha generado un fuerte debate al suspender la aplicación de la ley de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires. La magistrada argumentó la falta de recursos y de centros de rehabilitación adecuados para menores infractores, lo que, según ella, pondría en riesgo tanto a los jóvenes como a la sociedad.
Pascual defendió su decisión, señalando que la privación de libertad debe ser la última ratio y que se deben priorizar medidas alternativas de resocialización. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por considerarse que deja a la ciudadanía desprotegida ante la delincuencia juvenil.
El padre de una víctima de un delito cometido por un menor, Marco Gómez, expresó su desacuerdo con la suspensión, argumentando que la ley, aunque imperfecta, es necesaria para la seguridad y que la falta de presupuesto debería haberse abordado antes de su entrada en vigencia. La controversia se centra en la interpretación y aplicación de la ley, así como en la responsabilidad de las autoridades para garantizar las condiciones necesarias.