Se enfatiza que la jueza Marta Pascual tiene la obligación de aplicar las leyes sancionadas por el Congreso y el Senado, y promulgadas por el Ejecutivo, independientemente de si le gustan o no. Se le recuerda que su función no es modificar la ley, sino aplicarla.
Se le advierte que si no está de acuerdo con la ley, debe renunciar a su cargo. Se subraya que el momento de oponerse o modificar una ley fue antes de su promulgación, y que ahora solo resta aplicarla.