Se reitera la crítica hacia la jueza Ferrari por supuestamente ir en contra de una ley nacional aprobada por el Congreso, al aceptar un habeas corpus que suspende la aplicación de la Ley Penal Juvenil. Se menciona que la mayoría de los juristas consultados consideran que una jueza no puede invalidar una ley nacional de esta manera.
Se enfatiza que la jueza se ha expresado en contra de la norma, cuando su función es aplicarla. Se señala que los tribunales superiores confirmaron la pena impuesta en el caso de la menor asesinada, contradiciendo la postura de la jueza de arrepentirse de haber dictado una pena alta.