Entró en vigencia la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. La jueza Marta Elba Pascal suspendió su aplicación argumentando que no hay infraestructura adecuada para alojar a los menores infractores, lo que podría generar hacinamiento y violar sus derechos fundamentales.
La jueza señaló que la ley, si bien busca adecuar el sistema penal juvenil a estándares internacionales, no cuenta con la estructura necesaria para su correcta implementación. Explicó que en la provincia de Buenos Aires, si bien ya se aplican penas a menores, la nueva ley amplía el universo de adolescentes que no responderán ante la justicia penal, lo que podría derivar en una mayor cantidad de jóvenes en la calle.
Gustavo Carabajal mencionó que en 2025 solo hubo diez causas con homicidio involving menores, y que el 80% de las mil setecientas setenta y seis causas iniciadas contra menores son por delitos contra la propiedad. Ante esta situación, la jueza Pascual optó por no aplicar la ley de forma inmediata, priorizando la liberación de los jóvenes ante la falta de garantías.
El gobierno provincial, a través del área de Andrés Larroque, indicó que se está trabajando en un plan de infraestructura y capacitación, pero que la falta de recursos y las políticas económicas nacionales dificultan su concreción. Esto, en parte, da la razón a la jueza sobre la necesidad de adecuar la infraestructura antes de implementar la ley.