La jueza Marta Pascual decidirá el 16 de septiembre si mantiene la suspensión del régimen penal juvenil. La medida busca anticiparse a futuras violaciones de derechos de los delincuentes por las malas condiciones de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, que incluyen problemas de agua potable y hacinamiento.
La jueza también señaló que la ley se aprobó hace 180 días y cuestionó la falta de un plan de infraestructura previo. La suspensión busca garantizar que los centros de detención cumplan con las condiciones mínimas para los adolescentes.