La jueza Marta Pascual, en un fallo que se hace cargo de sus consecuencias, explica que no puede agravar las condiciones de detención de los adolescentes porque debe preservar sus derechos.
Sostiene que no respetar las condiciones mínimas de detención incrementa la violencia futura y la inseguridad. La jueza aclara que no se trata de inconstitucionalidad, sino de inaplicabilidad de la ley en las actuales condiciones.