La jueza Marta Pascual fundamentó su decisión de suspender la ley penal juvenil en el estado de abandono del centro de detención juvenil, que fue vandalizado por los propios menores alojados.
Pascual argumenta que, ante la falta de cumplimiento y mejoras en el centro, no se puede garantizar la correcta aplicación de la ley ni la seguridad, lo que la llevó a suspenderla preventivamente.