El PRO había advertido sobre problemas en la ley penal juvenil si no se garantizaban los fondos para su instrumentación, señalando que los jóvenes detenidos no podían compartir celdas con adultos.
La jueza, al suspender la ley, está pidiendo que se ordenen los fondos y el mecanismo de implementación, coincidiendo con el planteo del PRO y otros bloques que consideraban la ley vacía sin recursos.