La jueza Marta Pascual suspendió por 60 días la aplicación de la ley de imputabilidad a menores de 14 años, generando polémica y un grave problema entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.
Se cuestionó la postura "garantista" de la jueza, argumentando que su decisión favorece la delincuencia juvenil y que no se condice con los hechos de inseguridad protagonizados por menores.
Se mencionó que la medida responde a un habeas corpus presentado por una organización barrial y que la jueza argumenta la superpoblación carcelaria como un factor a considerar, aunque se desvincula de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil.
Se generó debate sobre la jurisdicción de la jueza para suspender la ley a nivel nacional y se destacó que, mientras tanto, la inseguridad en las calles continúa, con casos de menores involucrados en delitos.