Se cuestiona la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Se argumenta que la jueza excede sus competencias al interferir con una ley nacional sancionada por el Congreso.
La jueza, en lugar de declarar la inconstitucionalidad de la ley (algo que no le corresponde), decide posponer su entrada en vigencia, lo que se considera una falta de respeto al poder legislativo y un intento de generar incertidumbre. La provincia de Buenos Aires, al no haber votado la ley, debería haberla implementado igualmente, ya que no puede desconocer las decisiones del Congreso Nacional.