La jueza suspende la aplicación de la ley penal juvenil no por inconstitucionalidad, sino porque el sistema actual no tiene capacidad para albergar a más jóvenes.
La magistrada hace un llamado a los poderes ejecutivos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, para que se hagan cargo de proveer los recursos e instituciones necesarias antes de implementar la ley.
Se enfatiza que la suspensión no ataca el corazón de la ley, sino que busca ordenar la implementación para que sea efectiva y no contraproducente.