La jueza Marta Elba Pascual ha suspendido la aplicación de la reforma de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, medida que ha generado controversia entre los legisladores. El autor de la ley, quien prefirió no dar su nombre, defendió la ley votada democráticamente tras años de debate y trabajo en comisiones, argumentando que la jueza no puede declarar inconstitucional una ley nacional sin un fundamento sólido.
El legislador criticó la decisión de la jueza, calificándola de "locura" y señalando que la suspensión de la ley se basa en la supuesta falta de condiciones del ejecutivo provincial para recibir a los menores infractores. Argumentó que esta medida deja en evidencia la inoperancia del Estado y la protección del gobernador Axel Kicillof, al tiempo que se prioriza el supuesto dolor de un menor mal detenido sobre el de una madre que pierde a su hijo.
Además, se mencionó la presentación de un juicio político contra la jueza por parte del bloque del PRO en el Senado, impulsado por Guillermo Montenegro, quien conoce la materia legal. La situación pone de relieve la tensión entre el poder judicial y el legislativo en la implementación de políticas de seguridad y justicia juvenil.