La jueza Marta Elba Pajual ha generado controversia al suspender la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión ha sido criticada por diversos sectores, quienes argumentan que la ley, aprobada recientemente, busca modernizar un marco legal obsoleto de hace más de 40 años.
Los opositores a la medida de la jueza señalan que la suspensión carece de fundamentos técnicos sólidos y que podría interpretarse como un exceso en sus facultades. Se argumenta que una jueza no puede suspender una ley nacional con efectos generales, sino que debe limitarse a casos concretos y dentro de un proceso judicial específico.
La controversia se intensifica al considerar que la ley penal juvenil busca ofrecer alternativas a la prisión para menores infractores, promoviendo medidas alternativas como tobilleras electrónicas o arrestos domiciliarios. La suspensión de esta ley, según los críticos, podría generar un vacío legal y desproteger a la sociedad ante delitos cometidos por menores.