La jueza Marta Elba Pascual suspendió la aplicación de la ley penal juvenil, generando un fuerte debate político y judicial. La medida, que paraliza la ley por 60 días, ha sido criticada por funcionarios y legisladores que consideran que la jueza excede sus competencias e interpreta erróneamente la norma.
Patricia Bullrich, entre otros, manifestó su preocupación ante la suspensión, señalando que genera "zozobra". Por su parte, la jueza argumenta que la medida se debe a la falta de condiciones adecuadas de alojamiento para los adolescentes en conflicto con la ley penal en la provincia de Buenos Aires, un argumento que ha sido rebatido por diversos sectores.
Desde el ámbito legislativo, se cuestiona la decisión de la jueza, argumentando que la ley penal juvenil contempla penas alternativas a la prisión y que la suspensión no se justifica por la supuesta falta de recursos. Se señala que la ley fue sancionada hace más de seis meses y que las provincias debían haber adaptado sus sistemas para su implementación.