Se critica a la jueza por justificar la suspensión de la ley penal juvenil en la "inoperancia" de la provincia de Buenos Aires y la falta de recursos. Se argumenta que esta postura conduce a la impunidad y que la jueza debió haber emplazado al Poder Ejecutivo provincial en lugar de suspender la ley.
Se señala que la jueza omite mencionar que los delitos comunes son de jurisdicción provincial y que las provincias son las responsables de implementar las medidas. Se la acusa de evadir la responsabilidad provincial y de generar un manto de impunidad.