La justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación de la ley de régimen penal juvenil, también conocida como ley de baja de imputabilidad. La jueza Marta Pascual determinó que la ley, sancionada por la legislatura provincial, no puede aplicarse en su formato actual y solicitó que se definan mecanismos para su implementación.
La medida generó controversia. Por un lado, la ministra de Seguridad y la anterior ministra de Justicia criticaron la suspensión, argumentando que la ley es necesaria para combatir el delito. Por otro lado, organizaciones como los Hogares de Cristo y sectores políticos como La Libertad Avanza apoyan la decisión o incluso piden el juicio político a la jueza.
Se plantean debates sobre política criminal, prácticas restaurativas y la necesidad de diferenciar el tratamiento para jóvenes que cometen delitos graves y los que no. El fiscal de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, presentará un recurso de revocatoria contra la medida.