La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires logró un importante freno a la privatización de AISA, criticando los cambios en las condiciones de servicio implementados por el gobierno.
Se argumentó que la baja calidad del servicio y la posibilidad de cortes por falta de pago son perjudiciales para los usuarios.
La medida judicial representa un obstáculo significativo para las políticas de privatización del gobierno, que buscan "tapar los baches fiscales" vendiendo empresas.