José Luis Cerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, expone la postura del gobierno provincial respecto a la ley de imputabilidad y el fallo judicial que la suspendió. Considera que la ley fue aprobada "a las apuradas" por el Congreso, con errores técnicos e invasiones a las competencias provinciales.
Cerillo señala que el plazo de 180 días para implementar la ley es "efímero", dado que requiere capacidades estructurales, infraestructura y personal. Compara la situación con Chile, donde se tomaron un año y medio para una implementación similar. La provincia de Buenos Aires tiene el 63% de la población menor de 18 años privada de su libertad a nivel nacional, lo que evidencia la importancia de un debate profundo y políticas públicas adecuadas.