Se critica la postura de la jueza Marta Pascual, quien suspende la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Se argumenta que esta ley busca actualizar la legislación argentina a estándares internacionales y evitar la impunidad de menores que cometen delitos graves, como el asesinato.
Se recuerda el caso de una niña de 7 años asesinada por un menor de 14, quien no tuvo consecuencias penales significativas. La ley penal juvenil busca que los menores de 14 a 17 años que cometan delitos graves reciban condenas, a diferencia de la situación actual donde pueden quedar impunes.
Se considera que esta medida no resuelve el problema de la seguridad en la provincia, pero es un elemento necesario para abordar la reincidencia y la protección de la sociedad ante delitos cometidos por menores.